El Gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral del sistema de discapacidad, que incluye cambios en el acceso a pensiones, nuevas exigencias administrativas y modificaciones en el financiamiento de las prestaciones. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, fue ingresada por el Senado en medio de críticas por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones por invalidez. Según la propuesta, deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Aquellos que no cumplan con este requisito enfrentarán la suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio.

Además, el proyecto establece un sistema de control más riguroso mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, permitiendo la suspensión preventiva de beneficios ante inconsistencias, aunque se garantiza el derecho a defensa de los titulares. También se fija el monto de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando la posibilidad de adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable, y se establece la incompatibilidad total con el empleo formal, lo que afectaría a quienes accedan a un trabajo registrado.

La iniciativa propone cambios en el sistema de prestaciones, eliminando el nomenclador nacional y permitiendo acuerdos descentralizados entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos, lo que podría desregular la fijación de aranceles por parte de obras sociales y prepagas. Asimismo, se eliminan programas de promoción del empleo para personas con discapacidad y beneficios para empresas que las contraten, lo que podría afectar las políticas de inclusión laboral actuales.

El proyecto deroga artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad y, según especialistas, representa un retroceso hacia un esquema más restrictivo en comparación con la normativa vigente, que había ampliado el acceso a beneficios. Se prevé un debate intenso en el Congreso, donde incluso sectores aliados al oficialismo podrían expresar objeciones, en un contexto de creciente tensión política y social en torno al sistema de discapacidad.