El Gobierno nacional modificó por decreto el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eliminando la participación ciudadana que existía desde 2003. A través del Decreto 467/2026, se cambiaron cinco artículos del Decreto 222/2003, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, y se derogaron otros tres.

El cambio más significativo es la supresión de la etapa en la que ciudadanos, universidades y organizaciones podían presentar observaciones sobre los candidatos propuestos antes de que el Poder Ejecutivo enviara el pliego al Senado. Anteriormente, tras el anuncio de una postulación, se abría un plazo de 15 días hábiles para recibir esas opiniones. El Gobierno argumenta que esta instancia era redundante, dado que el Senado también realiza audiencias públicas y permite impugnaciones durante el tratamiento del pliego.

Sin embargo, especialistas y organizaciones han expresado su preocupación, señalando que la eliminación de esta etapa impide que la ciudadanía pueda influir antes de que el Ejecutivo tome una decisión. Además, se derogó el artículo que obligaba al Presidente a considerar criterios de diversidad de género y procedencia regional al elegir postulantes. Actualmente, la Corte está compuesta solo por hombres, todos de la misma provincia. Por último, el nuevo decreto establece plazos de cinco días para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos y para que ARCA analice su situación impositiva y previsional.