La causa conocida como “Matanutrias” sumó un nuevo movimiento judicial, ya que Juan Bautista Bravo, uno de los jóvenes imputados por la muerte de un coipo en Bahía Blanca, se negó a declarar ante la fiscal Marina Lara. Esta decisión es similar a la que tomó Imanol Santerre el lunes pasado.

Bravo fue llevado a prestar declaración indagatoria, pero optó por guardar silencio siguiendo el consejo de su abogado defensor. Esta postura, al igual que en el caso de Santerre, se enmarca dentro de las garantías del proceso penal y no implica una admisión de culpabilidad.

Con esta negativa, ambos jóvenes de Huanguelén evitan responder a las preguntas de la fiscalía. La investigación continuará con el análisis de las pruebas recolectadas y las posibles presentaciones de las defensas, que buscarán discutir la imputación y la calificación legal del hecho. Uno de los puntos que podrían plantear los abogados es el grado de participación de cada acusado, ya que en el entorno de uno de ellos se sostiene que no está probado que haya matado al animal, sino que solo se habría sacado una foto con el coipo ya muerto.

Los celulares de los imputados podrían aportar información sobre lo ocurrido antes, durante y después del ataque, además de esclarecer cómo se registró la secuencia y cómo se difundió el material que luego se viralizó en redes sociales. Sin embargo, el expediente también reveló otro frente judicial: tras la difusión del caso, los jóvenes comenzaron a recibir amenazas, algunas de extrema gravedad. Una fuente de la investigación indicó que uno de los imputados habría recibido más de 3.000 amenazas de muerte.

Este dato genera una paradoja en la causa, ya que mientras la fiscalía investiga el ataque contra el animal, la reacción en redes podría dar lugar a otro capítulo penal relacionado con las intimidaciones y mensajes amenazantes hacia los acusados. El caso tuvo repercusión local y nacional tras la viralización del video que muestra el ataque al coipo en Paraguay al 500. A raíz de la denuncia presentada por la Fundación Grupo Alianza Animal, la investigación avanzó con allanamientos en Bahía Blanca y Huanguelén, donde se secuestraron teléfonos y otros elementos de interés para la causa.

La comuna también se presentó como particular damnificada, mientras que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) inició un proceso académico interno contra Bravo, quien es alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Con las dos indagatorias ya realizadas y ambos imputados en silencio, la expectativa ahora se centra en los peritajes digitales, que podrían ser determinantes para ordenar la secuencia completa, establecer responsabilidades y definir los próximos pasos del expediente.