La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, argumentando que no están dadas las condiciones necesarias para su implementación. La magistrada destacó la falta de establecimientos adecuados, personal especializado y recursos para atender un posible aumento de menores privados de libertad.

Pascual subrayó su conocimiento sobre la problemática de los delitos cometidos por adolescentes y enfatizó que su decisión busca mejorar las condiciones de seguridad. Afirmó que la ley no generará más seguridad si no se implementa con las herramientas necesarias, advirtiendo que encerrar a un joven sin acceso a educación o asistencia puede agravar su situación y dificultar su reinserción social.

La jueza también respondió a las críticas recibidas tras su decisión, aclarando que no se opone a la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. Su postura es que cualquier cambio en el sistema debe ir acompañado de condiciones que aseguren el cumplimiento efectivo de las medidas. La suspensión se dio tras un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, y durante este tiempo, la Justicia espera que las autoridades bonaerenses detallen cómo se llevará a cabo el nuevo régimen y los recursos disponibles para los adolescentes involucrados.