La causa por el caso de los "matanutrias" ha tenido nuevos movimientos judiciales recientemente. Imanol Santerre, uno de los jóvenes denunciados por la muerte de un coipo en la vía pública, se negó a declarar el lunes, mientras que Bautista Bravo deberá presentarse mañana para prestar declaración.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que Santerre optó por guardar silencio en el marco del expediente que tramita la UFIJ N°7, a cargo de Marina Lara. Esta decisión no implica un reconocimiento de responsabilidad, sino que es un derecho previsto en el proceso penal. La atención ahora se centra en la declaración de Bravo, el otro joven involucrado, cuya presentación podría aportar nuevos elementos sobre el ataque al animal ocurrido en Paraguay al 500, hecho que fue registrado en un video y provocó una fuerte reacción social.

La investigación ya había avanzado con cuatro allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de Alberto Manzini, a pedido de la fiscalía. Dos de estos procedimientos se realizaron en Bahía Blanca, en domicilios de Zelarrayán al 800 y Mitre al 900, mientras que los otros dos se llevaron a cabo en Huanguelén, de donde son oriundos los denunciados. En estos operativos, personal de Policía Ecológica, junto a la Comisaría Segunda y efectivos de Huanguelén, secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que están siendo analizados por los investigadores.

El caso se inició tras la denuncia de la Fundación Grupo Alianza Animal, luego de que el video del ataque se viralizara en redes sociales. En la presentación se mencionó directamente a Bravo y Santerre, ambos de 18 años, por el ataque al coipo, que ya había sido buscado previamente por personal de Zoonosis para intentar rescatarlo. La causa también ha tenido repercusiones institucionales, ya que la Municipalidad de Bahía Blanca se presentó como particular damnificada y la Universidad Tecnológica Nacional inició un juicio académico contra Bravo, quien fue suspendido preventivamente. La fiscalía continúa buscando consolidar pruebas a partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios, con el objetivo de definir el avance procesal de los acusados en un caso que ha generado gran repercusión tanto a nivel local como nacional.