El gobierno de Rodrigo Paz Pereira deportó a un grupo de legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que formaban parte de una Misión Humanitaria destinada a investigar presuntas violaciones a los derechos fundamentales en Bolivia. La comitiva llegó este lunes por la madrugada al aeropuerto de El Alto, donde las autoridades locales retuvieron su documentación y los obligaron a abordar un avión hacia Santa Cruz para regresar a Argentina.

La delegación incluía al diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Marino; la legisladora porteña del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Vanina Biassi; la secretaria general del gremio docente Ademys, Soledad Mosquera; María José Cano, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma; y Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Tras la intervención policial, Biassi declaró que fueron "secuestrados con represión policial" y denunció que la situación en Bolivia es "una verdadera dictadura militar".

Barry también relató que "no los dejaban bajar del avión" y que el trato recibido fue similar al de un secuestro, señalando que las autoridades intentaron hacerles firmar un documento con "causas truchas" sobre los motivos de su viaje. Ante esta situación, Germán Martínez, jefe de bloque de Diputados de Fuerza Patria, exigió que Marino pudiera cumplir con las tareas para las que fue invitado por la Asamblea Plurinacional de Bolivia y pidió a las autoridades consulares argentinas que garanticen su libertad e integridad física.

La Misión Humanitaria emitió un comunicado en el que afirmaron que su expulsión es una decisión política que viola la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y los Tratados de Derechos Humanos, advirtiendo que la medida atenta contra los fueros diplomáticos de Marino y Biassi. El documento concluyó alertando sobre la grave situación en Bolivia, donde se han contabilizado asesinatos, centenares de presos políticos, torturas, y agresiones a la prensa durante las protestas, instando a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar atentas a la situación de la Misión Humanitaria.