El Senado de la Nación discutirá este jueves un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a la Ley de Glaciares. Según el Gobierno, la reforma tiene como objetivo "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución nacional".

Sin embargo, diversas organizaciones ambientales y de la sociedad civil advierten que la iniciativa representa una "regresión ambiental inconstitucional" al vulnerar el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió. Estas entidades sostienen que avanzar con la reforma significaría un retroceso significativo en la protección del agua en el país. Si el proyecto es aprobado en el Senado, deberá ser tratado posteriormente por la Cámara de Diputados.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, define un glaciar como toda masa de hielo, estable o en movimiento, y prohíbe la exploración y explotación minera en áreas glaciares. Además, establece el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada cinco años. Según el último inventario, Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, la mayoría en la Cordillera de los Andes. La reforma propone que cada provincia decida qué glaciares proteger y dónde se pueden permitir actividades extractivas, lo que podría generar conflictos por el acceso al agua entre jurisdicciones.