La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para acceder a información financiera que, según el organismo, no fue entregada pese a requerimientos previos. La medida, plasmada en una resolución firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, se fundamenta en presuntas 'graves irregularidades' detectadas en la entidad, como balances no presentados y el cambio de domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires. La AFA, presidida por Claudio Tapia, rechazó la decisión y anunció que recurrirá a la Justicia para impugnarla, tachando la medida de 'ilegítima' y con 'finalidad política'.

En un comunicado institucional firmado por Tapia, la AFA negó las acusaciones y aseguró que los balances correspondientes a los ejercicios 2017-2024 fueron presentados y se encuentran en trámite administrativo ordinario. Sobre el ejercicio 2025, explicaron que no fue enviado a la IGJ porque el domicilio legal está inscripto en la Provincia de Buenos Aires por resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Además, cuestionaron la contradicción de la IGJ al afirmar que la veeduría no es una sanción, pero se basa en presuntas irregularidades. La entidad también vinculó la medida con el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y denunció un 'trasfondo político' en la decisión.

El conflicto se enmarca en la discusión sobre la jurisdicción de la AFA tras el traslado de su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires. Mientras el Ministerio de Justicia resuelve la designación de veedores, la AFA anunció que presentará recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema. La medida podría abrir un nuevo capítulo judicial en la disputa entre el organismo de control y la conducción del fútbol argentino, en un contexto marcado por tensiones institucionales y acusaciones cruzadas.