El Gobierno nacional otorgó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio formado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, en lo que se considera la mayor privatización de la gestión bajo la administración de Javier Milei. La decisión fue oficializada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y afecta a una infraestructura clave para las exportaciones argentinas.

La medida se formalizó a través de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, tras concluir el proceso de evaluación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025. Según el Ministerio de Economía, el contrato contempla una reducción del 13,5% en los costos logísticos y tiene como objetivo modernizar la principal vía navegable del país.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es fundamental para Argentina, ya que por este corredor transita alrededor del 80% del comercio exterior, especialmente relacionado con el sector agroindustrial. La concesión incluye tareas de dragado, mantenimiento, señalización y operación de la vía navegable. El contrato tendrá una duración de 25 años, con posibilidad de extensión, y deberá ser firmado en un plazo máximo de 30 días. Desde el Gobierno afirmaron que el nuevo esquema permitirá avanzar en obras de profundización y mejoras tecnológicas para la seguridad de la navegación, además de herramientas para el control del narcotráfico.

Jan De Nul ya estaba vinculada a la operación de la Hidrovía desde hace décadas. En esta licitación, compitió con la también belga DEME, mientras que la brasileña DTA Engenharia fue descalificada por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta requerida. Durante la evaluación, Jan De Nul-Servimagnus obtuvo una ventaja significativa en el puntaje técnico. En la instancia económica, las ofertas de Jan De Nul y DEME presentaron tarifas idénticas, lo que llevó a que la decisión se basara en el análisis técnico previo.

El proceso estuvo marcado por cuestionamientos políticos y denuncias de irregularidades. Sectores de la oposición habían solicitado la suspensión de la licitación y organismos del Ministerio Público habían señalado observaciones en distintas etapas del procedimiento. A pesar de estas objeciones, el Ejecutivo avanzó con la adjudicación, considerando que este proceso es central para reducir costos logísticos, mejorar la competitividad exportadora y profundizar la participación privada en áreas estratégicas.