El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, han ingresado al régimen simplificado de Ganancias establecido por la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta normativa permite declarar ingresos y activos no previamente exteriorizados sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, bajo el marco del esquema de Inocencia Fiscal.

Fuentes oficiales han aclarado que en el trámite realizado por la pareja, que actualmente es objeto de investigación judicial por el aumento de su patrimonio, no se ha producido un “blanqueo” de dólares no declarados. La justificación del origen de los fondos para la compra de sus bienes no se realizó a través de este régimen, según las aclaraciones brindadas.

Angeletti adhirió a la Ley 27.799 el 31 de mayo para el período fiscal 2025, y aunque se confirmó esta información, se desestimó la idea de que se amparara en el régimen de inocencia fiscal. Se argumenta que el régimen simplificado facilita la declaración de impuestos, ya que el fisco se encarga de completar el trámite. Además, se ha enfatizado que no se utilizarán dólares no declarados a través de este régimen, y que la justificación de los fondos podría incluir tenencia de criptomonedas.

La declaración impositiva es privada, aunque la Justicia puede solicitar el levantamiento del secreto fiscal. La adhesión al régimen no implica necesariamente que se vayan a retirar dólares no declarados. Uno de los beneficios es que el fisco calculará el impuesto a pagar basándose en información existente. Sin embargo, el “tapón fiscal” podría impedir que ARCA revise sus declaraciones de años anteriores, incluyendo el 2025, donde se están investigando posibles inconsistencias.

Adorni tiene lista su declaración jurada, que se espera sea presentada antes del 15 de junio. En las próximas semanas, deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación también se entrelaza con otra sobre su relación con el periodista Marcelo Grandio y un viaje en avión privado a Punta del Este.

El avance del expediente depende de informes clave que el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita están esperando. Uno de estos informes evaluará si las cuentas de Adorni son coherentes, mientras que el otro analizará comunicaciones relacionadas con presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones está preparando un estudio contable para determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado.

La revisión financiera se completará entre finales de este mes y principios de julio. Si se establece una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita podrá solicitar a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial. Adorni deberá explicar cómo adquirió y remodeló dos propiedades sin haber vendido bienes anteriores a su cargo como funcionario, así como el origen de los fondos para sus viajes y la compra de una nueva camioneta.

La declaración jurada que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción podría no ser suficiente para evitar una indagatoria. La investigación también se centra en sus activos en criptomonedas, ya que se sospecha que podría haber más activos digitales no registrados a su nombre. Además, se investiga su relación con Marcelo Grandio y la productora ImHouse, en relación a un viaje en avión privado a Punta del Este, cuyo costo total fue de USD 7.830, que Adorni afirmó haber pagado y deberá comprobar ante la Justicia.