La Corte Suprema, a través de sus tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la obligación del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires de indemnizar a las víctimas de la masacre de Carmen de Patagones, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2004. En ese trágico evento, Rafael Solich, de 15 años, asesinó a tres compañeros e hirió a cinco en el colegio Islas Malvinas.

El fallo se emitió en respuesta a una demanda por daños y perjuicios presentada por la madre de Sandra Núñez, una de las víctimas fatales. El máximo tribunal ya había tomado una decisión similar el año pasado en relación a la causa iniciada por la familia de Federico Ponce, otro de los estudiantes que perdieron la vida en el ataque.

Además, la familia de Evangelina Miranda también ha demandado al Estado, y su caso recibió una sentencia de primera instancia en octubre de 2024. Los familiares de las víctimas habían presentado reclamos judiciales tanto contra la escuela como contra la Prefectura Naval, dado que el tirador era hijo de un prefecto y utilizó un arma de esa fuerza para llevar a cabo el ataque. La justicia federal de Bahía Blanca determinó que, según el artículo 1117 del Código Civil vigente en ese momento, los propietarios de establecimientos educativos son responsables por los daños sufridos por alumnos menores bajo su control, a menos que se demuestre un caso fortuito. Asimismo, se atribuyó responsabilidad a la Prefectura por ser propietaria del arma utilizada en el ataque, señalando que el padre de Solich no cumplió con el deber de custodiarla adecuadamente. A pesar de que el Estado nacional y provincial solicitaron a la Corte revisar las condenas por considerarlas arbitrarias, la decisión del tribunal, adoptada este jueves, confirmó que los familiares de las víctimas deben ser indemnizados.