La Corte Suprema confirmó este jueves la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, rechazando así el recurso presentado por el Ejecutivo. El tribunal destacó la importancia de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte emitió dos resoluciones en respuesta a la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, que intentaba suspender la aplicación de los artículos relacionados con salarios y fondos para becas. La Corte argumentó que los recursos extraordinarios del Ministerio de Capital Humano no cumplían con los requisitos procesales necesarios para su consideración.

A pesar de la ratificación de la cautelar, el fallo no aborda el fondo de la cuestión, que es si el decreto del Ejecutivo puede suspender artículos de una ley aprobada por el Congreso. La decisión se produce en un contexto donde el Gobierno había acordado aumentar los salarios universitarios y los fondos de funcionamiento, aunque la Ley vigente establece un financiamiento superior al propuesto.