La Corte Suprema de Justicia confirmó la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por la falta de una sentencia definitiva. Esta decisión mantiene vigente la orden judicial que exige la actualización de haberes docentes y no docentes, así como la recomposición de programas para estudiantes.

El fallo fue firmado por los tres miembros del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución no aborda el fondo del asunto, sino que desestima la apelación oficial contra la cautelar dictada en instancias anteriores.

La causa se originó a partir de un amparo colectivo promovido por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales. El reclamo se dirige contra el decreto 759/2025, que condiciona la aplicación de la ley 27.795 a la identificación previa de fuentes específicas de financiamiento. La medida actual abarca los artículos 5 y 6 de la norma, relacionados con la recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023, y la actualización de programas destinados a los estudiantes. Sin embargo, no incluye todos los puntos previstos por la ley, como la recomposición presupuestaria para 2024 y 2025.

En instancias previas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había determinado que el Estado no logró desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades. También se destacó que el Congreso había insistido en la sanción de la ley tras el veto presidencial, y que el Ejecutivo no podía suspender su cumplimiento mediante una norma de menor jerarquía. Con esta decisión, la Corte cierra por ahora la vía del recurso extraordinario contra la cautelar y mantiene la obligación de cumplir con los puntos de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el debate sobre la constitucionalidad del decreto continuará en la Justicia.