El Senado aprobó esta noche, en su penúltima sesión extraordinaria, una serie de modificaciones a la ley de glaciares, dejando en manos de la Cámara de Diputados la definición final del proyecto. La votación, que dividió a varias bancadas, registró 41 votos a favor, 31 en contra y una abstención —la de la senadora neuquina Julieta Corroza—. La iniciativa, que recibió el apoyo unánime de La Libertad Avanza, fue respaldada por legisladores del interbloque cristinista y por exkirchneristas que se escindieron del bloque oficialista en los últimos meses, como Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

El artículo más cuestionado fue el séptimo del despacho, que permite a cada provincia designar su propia autoridad de aplicación —excepto en áreas protegidas por la ley 22.351 de Parques Nacionales—. Esta autoridad será la encargada de identificar, con base en criterios técnico-científicos, los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas, como reservas de agua o proveedores para la recarga de cuencas. Los defensores del proyecto argumentan que los recursos hídricos son de jurisdicción provincial y que la norma evita posibles conflictos futuros, en línea con el objetivo del Gobierno de atraer inversiones millonarias para reactivar la economía, un proceso que, según señalan, requiere tiempo y planificación.

En cambio, los críticos del proyecto desde el ámbito ambiental alertaron sobre el riesgo de que los mandatarios provinciales prioricen intereses empresariales por encima de las recomendaciones del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Durante el debate, varios opositores advirtieron que el articulado podría entrar en conflicto con las pautas establecidas en el convenio Mercosur-Unión Europea, aprobado previamente por el Senado. La discusión refleja la tensión entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos naturales, un debate que ahora recaerá en la Cámara baja.